martes, 20 de abril de 2010

Señaló torturas y asesinatos policiales, malos tratos y hacinamiento de presos

Señaló torturas y asesinatos policiales, malos tratos y hacinamiento de presos


La ONU advierte que en la Argentina hay graves violaciones a los Derechos Humanos 19.04.2010 |


La Argentina "debe tomar medidas para que hechos como los descritos no tengan lugar y para asegurar que los responsables de los mismos sean debidamente enjuiciados y castigados", se reclamó.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que en la Argentina arrecian las torturas y asesinatos policiales, malos tratos y hacinamiento de presos (incluso menores de edad) que no se investigan ni se castigan.

Además, gran cantidad de personas permanecen en prisión sin condena, crecen los casos de violencia doméstica, y el Consejo de la Magistratura está controlado por el Poder Ejecutivo, sostiene un informe crítico de la ONU.

El organismo saludó los "numerosos cambios legislativos e institucionales... como la despenalización de calumnias e injurias, el Plan nacional contra la discriminación" y felicitó por "los avances en el enjuiciamiento de responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar y en la recuperación de la identidad de niños apropiados".

Pero el elogio sobre lo actuado hacia el pasado se convierte en crítica sobre el presente, ya que el Comité manifestó su preocupación por "muertes ocasionadas como consecuencia de actuaciones violentas de la policía, en algunas de las cuales las víctimas fueron menores".

La Argentina "debe tomar medidas para que hechos como los descritos no tengan lugar y para asegurar que los responsables de los mismos sean debidamente enjuiciados y castigados", reclamó.

El documento, surgido tras las deliberaciones del Comité en Nueva York el 26 de marzo pasado, denuncia "la subsistencia de normas que otorgan facultades a la policía para detener personas, incluidos menores, sin orden judicial anterior ni control judicial posterior y fuera de los supuestos de flagrancia".

Sobre el Consejo de la Magistratura, advierte que "existe una marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y abogados", ante lo que recomendó "hacer efectivo el equilibrio previsto en el precepto constitucional, evitando situaciones de control del Ejecutivo sobre este órgano".

La ONU aconsejó reducir el número de presos con prisión preventiva y el "alto índice de hacinamiento, la violencia intracarcelaria, la mala calidad en la prestación de servicios y la satisfacción de necesidades fundamentales, en particular en materia de higiene, alimentación y atención médica" en los penales.

En ese marco, el documento detectó el "uso frecuente de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en las comisarías y en los establecimientos penitenciarios, especialmente en provincias como Buenos Aires y Mendoza".

"Muy pocos casos denunciados son objeto de investigación y juicio y aún menos aquéllos que terminan en la condena de los responsables, lo que genera altos índices de impunidad", agregó.

La Argentina "debe tomar medidas inmediatas y eficaces contra dichas prácticas, vigilar, investigar y, cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los miembros de las fuerzas del orden responsables de hechos de tortura y reparar a las víctimas".

El organismo detectó que la Argentina carece de estadísticas sobre maltrato familiar, lo que impide "tener datos fidedignos sobre la amplitud del problema y su evolución".

Si bien reconoció como positiva la creación de la Oficina de Violencia Doméstica en el ámbito de la Corte Suprema, subrayó que "su ámbito de competencia se limita a la Ciudad de Buenos Aires y que los servicios que brinda sólo de manera muy limitada se extienden a la actuación jurídica gratuita ante los tribunales de justicia".

En cuanto a los menores de edad en situación de delito, el documento cuestiona "las graves deficiencias en el funcionamiento de las instituciones donde se encuentran alojados niños privados de libertad, incluidas situaciones de sanciones colectivas y encierro absoluto".

"El Estado debe tomar medidas para establecer un régimen penal juvenil respetuoso de los derechos protegidos en el Pacto y otros instrumentos internacionales en la materia", resume el texto